Ayuntamientos al borde del colapso

Centenares de municipios se enfrentan a una crisis fiscal y han iniciado ya un severo ajuste que incluye despidos, rebajas de sueldos, huelgas y servicios bajo mínimos

C. PÉREZ / A. BOLAÑOS - Madrid - 21/03/2010

 

Burbuja inmobiliaria. Desmanes financieros. Años de excesos. Cada época, en fin, tiene sus cosas. Todo ese relato desembocó en la mayor crisis en décadas en EE UU y en Europa, cuyos Gobiernos evitaron una Gran Depresión metiéndose en otros problemas: endeudándose hasta las cejas. La crisis fiscal amenaza ahora, a vista de pájaro, a las mayores economías. Pero si se usa el zoom, las verdaderas dificultades están en California, en Grecia, tal vez en España, en los flancos más débiles de las grandes áreas económicas. Y, a medida que se enfoca más de cerca, aparecen mayores agujeros. El Gobierno español tiene un fenomenal desafío fiscal a medio y largo plazo, y lo mismo vale para las comunidades autónomas. Pero para la Administración local no hay largo plazo que valga: los problemas ya están ahí.

En España, los ayuntamientos no pueden quebrar ni ser embargados

Ochánduri (La Rioja) es el pueblo más endeudado per cápita de España

Los municipios obtenían el 30% de los ingresos de la construcción

La crisis fiscal de las corporaciones puede aumentar el próximo año

La economía española incurrió en 2009 en el mayor desfase presupuestario en décadas, con un agujero del 11,4% del PIB. Pero el déficit público no es igual para todos. Buena parte de ese saldo negativo hay que apuntarlo en el debe del Gobierno (8,7%), y en menor medida, de las autonomías (2,2%). Las más de 8.000 entidades locales (ayuntamientos, cabildos y diputaciones) apenas sumaron un déficit equivalente al 0,5% del PIB. Y, sin embargo, mientras la Administración central y autonómica ponen en marcha planes de austeridad para los próximos años -en plata: recortes-, en muchos municipios el ajuste ya es una dolorosa realidad. Despidos, rebajas de sueldos, huelgas y servicios bajo mínimos dan fe de una crisis virulenta que no ha hecho más que empezar.
En Detroit (EE UU), las agencias de rating consideran que la deuda está por debajo del nivel de inversión (equivalente a bono basura), y su alcalde amaga con acogerse a la suspensión de pagos, asfixiado por la deuda. Pero en España los ayuntamientos no pueden quebrar. A los municipios no se les pueden embargar los bienes. Y sin embargo, la amenaza de la crisis fiscal es ya más que evidente en algunas localidades. Los números son preocupantes en algunos casos: Ochánduri (La Rioja), el pueblo más endeudado per cápita de España, debe más de 9.000 euros por persona. Y en Madrid, la deuda roza los 7.000 millones (algo más de 2.000 euros por persona), lo que ha obligado a recortar la inversión y el gasto corriente, a subir tasas y a buscar soluciones de ingeniería financiera para cuadrar las cuentas.
Cuando otras administraciones se plantean no cubrir vacantes como una forma menos traumática de aligerar plantillas, en varios ayuntamientos ya se negocian expedientes de regulación de empleo: el de Jerez de la Frontera quiere despedir a 550 personas. Si el Gobierno o las comunidades se ven forzados a alargar el plazo de grandes obras en proyecto, los municipios se ven en la disyuntiva de cerrar guarderías, servicios escolares y dependencias sanitarias, que antes financiaban sin ser de su competencia. Hay empresas municipales en las que los salarios ya han bajado. Como hay huelgas, un día sí y otro también, en las contratas para recoger basuras o cuidar jardines. El ocio, una seña distintiva de las prestaciones municipales, también sufre: no hay dinero para conciertos o exposiciones, los centros deportivos reducen horarios y hasta las fiestas patronales adelgazan.
Incluso el debate sobre la subida de impuestos está superado en el ámbito municipal: quien más quien menos, ha dado un estirón a todo tipo de tasas y precios públicos en una suerte de pacto de Estado tácito del que participan todos los partidos.
Aunque hay una gran diversidad, "la situación es francamente mala", sintetiza Pedro Arahuetes, presidente de la comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es cierto que el Gobierno (por las prestaciones del paro) o las comunidades (la factura de la educación y la sanidad no disminuye con la crisis) deben



silvia moreno diaz www.babelaria.com